EL CONTRABANDO REPRESENTA UNA AMENAZA A LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y SALUD ALIMENTARIA DEL PAÍS

Generar acciones de prevención y combate al contrabando es el principal objetivo de la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), una entidad que surgió en agosto de 2020 para apoyar el trabajo gubernamental orientado a contener y disminuir los efectos negativos de este y otros delitos como fraude, falsificación, piratería y defraudación aduanera.

 

La agenda de trabajo de la Comisión se enfoca en promover y defender el comercio formal por medio de acciones orientadas a la generación de evidencia para la toma de decisiones, la promoción de acciones de incidencia política y propuestas concretas de implementación de acciones orientadas a reducir el impacto de los ilícitos relacionados con el contrabando, fraude, defraudación aduanera, falsificación y piratería.

 

El marco legal y la tipificación de estos delitos está regulada en el Decreto 58-90, Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros, en el cual se cual establece que los autores de actos de comercio ilícito serán sancionados con prisión de siete a diez años, y los cómplices y encubridores recibirán prisión de dos a cuatro años; y de uno a cuatro años, respectivamente. La ley también establece que cuando los encubridores y cómplices sean funcionarios o servidores públicos, se les aplicará la pena de los autores y, que además de la cárcel, en todos los casos también se aplicarán multas equivalentes al valor de la mercancía o bienes involucrados, así como la cancelación de la patente de comercio.

 

Esta entidad adscrita a la CIG pretende también generar espacios con los organismos y dependencias del Estado, gobiernos locales y líderes comunitarios, para unir esfuerzos y lograr la oportuna identificación de casos de contrabando que permitan actuar con prontitud y certeza jurídica.

 

“La Comisión surgió de la necesidad de los sectores más afectados por el contrabando en el país, ya que, según estimaciones oficiales, el contrabando afecta la inversión y recaudación y representa cada año una pérdida de entre 0.7% y 0.9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país” explica Axel Romero, Gerente de Gestión de la Comisión adscrita a la CIG.

 

 

El caso de “Los Polleros”

 

Un buen ejemplo de la dimensión negativa que tiene el comercio ilícito en el país y de la forma en que operan estas estructuras criminales, fue la reciente captura de 21 personas (incluidos 3 inspectores de la Policía Nacional Civil) de la estructura denominada “Los Polleros” quienes se dedicaban al contrabando de aves de corral de México.

 

De acuerdo con la investigación de las autoridades, la red operaba en los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango, ingresando al país de manera clandestina pollos vivos de origen mexicano.

 

El ingreso de esta mercancía se hacía por pasos no controlados por las autoridades en el río Suchiate, San Marcos, omitiendo todos los procedimientos oficiales y medidas sanitarias, ya que estas aves de México se encontraban en cuarentena por brotes de influenza aviar.

 

Los capturados tendrán que responder a cargos por los delitos de asociación ilícita, contrabando aduanero, conspiración para cometer contrabando aduanero, obstaculización a la acción penal, defraudación tributaria, perjurio, encubrimiento propio, lavado de dinero y abuso de autoridad.

 

Gracias al trabajo conjunto que la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la CIG realiza en coordinación con el Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (COINCON), se ha logrado trasladar mercaderías incautadas a las aduanas más cercanas, apoyar con insumos para la realización de operativos de control y a la destrucción de los productos provenientes de incautaciones.

 

Entre los productos que más se comercializan de forma ilegal en el país se encuentran: medicamentos, perfumes, desodorantes, detergentes, cremas corporales, calzado, lácteos, huevos, salsas, cigarrillos, licores, alimentos enlatados, confitería, galletas, preparaciones alimenticias para lactantes y juguetes, entre otros.

 

El contrabando es un flagelo en un alarmante crecimiento, y que causa incalculables daños a la economía del país y frena el desarrollo de sus comunidades, especialmente en zonas fronterizas donde el crimen organizado opera poniendo en alto riesgo la salud y seguridad de miles de familias. 

 

De ahí la gran importancia de los esfuerzos de cooperación entre instituciones y el apoyo de la ciudadanía por medio de sus denuncias ante las autoridades ante el Ministerio Público y Policía Nacional Civil. _