EL HURTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REPRESENTA UN GRAVE RIESGO A LA ESTABILIDAD DEL SECTOR
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La Comisión de Defensa del Comercio Formal
(CODECOF), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), trabaja en la
generación de un sistema confiable de recopilación, análisis y presentación de
datos para medir el impacto de los ilícitos que afectan el comercio formal del
país y buscar nuevas oportunidades para trabajar junto a los actores que
permitan la reducción del impacto negativo asociado a esta problemática.
Desde hace años, el hurto de
energía eléctrica ha ocasionado en el país una conflictiva dinámica social en
diversas localidades y, según datos oficiales, anualmente representa una
pérdida de USD$ 50 millones.
Existen dos
formas de llevar a cabo este delito. El más común es no permitir el ingreso de
personal de la distribuidora, a través de intimidaciones y amenazas para evitar
la regularización de conexiones ilegales a la red de distribución, así como la manipulación
de los contadores y/o manipulación del cable conectado a la red de distribución
y vivienda.
Dentro de las acciones
que realizan quienes cometen este delito, se encuentra la organización de
grupos por sector para cobrar una cuota mensual y motivar la resistencia y
negación al pago regulado del servicio eléctrico.
Los departamentos con mayor
presencia de hurto y conflictividad por este tema son Huehuetenango, San
Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu y Jutiapa.
“Lo que más preocupa sobre el
tema del hurto de energía eléctrica es el poco avance que se ha tenido en
materia legislativa para establecer penas de cárcel para las personas que
cometen este delito. Con esta debilidad legislativa, los grupos antagónicos
pueden seguir operando y fortaleciendo sus actividades ilícitas llegando así y
con esa dinámica a comunidades pacíficas”, explica Axel Romero, gerente de
gestión de CODECOF.
Sin penas de cárcel
El principal problema del hurto
de energía es la falta de acceso que tiene el personal de la distribuidora a
las localidades donde operan estos grupos antagónicos. Además, la divulgación
de información falsa por parte de sus líderes quienes hacen llegar la consigna
de que el servicio debe ser nacionalizado para no pagar el consumo de energía.
De 2012 a la fecha, se han
presentado 2,500 denuncias penales por hurto de energía y únicamente se han
realizado 101 capturas por este delito, las cuales fueron resueltas a través de
cauciones económicas para continuar en libertad y seguir con las actividades
ilícitas de hurto y recaudación económica ilegal.
De acuerdo con Romero, para
disminuir el impacto de este delito, hacen falta cambios en la legislación que
regula el delito por hurto de energía, ya que actualmente solo aplica para
sanciones económicas y no para penas de cárcel.
Desde el sector eléctrico se han
propiciado mesas de negociación entre promotores sociales y líderes
comunitarios para lograr acuerdos y compromisos. Como resultado de estas
acciones se han tenido grandes avances y de esa cuenta, de los 207 mil clientes
en comunidades conflictivas que se tenían en enero de 2016, se logró disminuir
a 106 mil clientes en diciembre de 2018 y 83 mil clientes en diciembre de 2019.
La Comisión trabaja en el desarrollo de
un plan estratégico para abrir espacios con los organismos y dependencias del
Estado, gobiernos locales y líderes comunitarios para unir esfuerzos y lograr
la identificación de casos para actuar con prontitud y certeza jurídica.